Después de que la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos«, conocida como ley ómnibus, fuese rechazada en febrero de 2024, el gobierno de Javier Milei apuesta por una versión actualizada y menos ambiciosa de la ley. Así, el 25 de abril, la comisión parlamentaria dictaminó el tratamiento de la ley Bases con algunos cambios sugeridos por la oposición en el capítulo laboral. Por lo tanto, el Congreso tiene planificado el primer debate para el 29 de abril.

La nueva ley Bases establece una nueva legislación del trabajo que modifica la ley de empleo 24.013. Cabe destacar, la reforma se hizo a partir de los reclamos de la Unión Cívica Radical (UCR). Esto cuando un referente del bloque le dijo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, «sin reforma laboral no cuenten con nosotros para la ley Bases«. Por otro lado, el PRO llamó al oficialismo a negociar con el partido centenario.

«El PRO no puede seguir apoyando al gobierno si ni los propios diputados de La Libertad Avanza, ni el presidente de la Cámara están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo», declaró la bancada dirigida por Cristian Ritondo. No obstante, el PRO negó tal declaración.

Así, entre los principales puntos en el capítulo laboral de la nueva ley Bases se encuentran: la extensión del periodo de prueba a seis meses (originalmente de tres meses) y la opción de tener un fondo de cese laboral por convenio colectivo de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (hasta el 8% de las remuneraciones). Además de aumentar las indemnizaciones por despidos discriminatorios, la implementación de un régimen de incentivo para grandes inversiones y la eliminación de las multas por trabajo no registrado.

Por su parte, la La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) expresó satisfacción por la reforma laboral al decir, «modernizar las leyes laborales es esencial para construir una Argentina viable». En un comunicado, la Cámara expresó, «estamos convencidos que la necesidad de modernizar las leyes laborales en Argentina representa un requisito excluyente para los desafíos que enfrentamos».

Cabe destacar, la ley Bases incluía la aplicación de tres meses a seis años de prisión por bloqueos sindicales a empresas con relación con reclamos gremiales. Sin embargo, este último punto fue quitado en la nueva versión y la UCR ya anunció, lo incluirá en su dictamen de disidencia (una forma legal de dejar por escrito su oposición). Relacionado a este punto, el diputado, Miguel Ángel Pichetto, advirtió, desata un enfrentamiento directo con el sindicalismo, sobre todo por el punto que dicta la eliminación de la cuota solidaria que los gremios cobran obligatoriamente a los no afiliados a través de convenios colectivos.