El 47,7% de los comedores que recibían dinero del Estado no pudieron ser constatados como tales, y el 25% de las direcciones no existe o allí nunca hubo un merendero.

A medida que avanzan las auditorías en el Ministerio de Capital Humano, van apareciendo nuevos curros de la casta. Esta semana, la ministra Sandra Pettovello presentó una denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.

La denuncia realizada fue por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían, pero nada de eso ocurrió.

Entre los nombres de los «comedores fantasmas» se encuentran “Conquistando Sonrisas”, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos”, “Luz de Luna de Pereyra”, “Esperanza”, “Los Peques de San Alberto”, y “Luz y Esperanza”. Estos lugares no funcionan como comedores, a pesar que recibían millones de parte del ex Ministerio de Desarrollo Social, y ahora están bajo escrutinio del actual Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre.

De la totalidad de los comedores sólo se pudieron relevar la mitad, un 52,3%, y el restante 47,7% no pudieron relevarse, ni constatar que operaban como centros de alimentación para los sectores más pudientes.

El 32% de éstos funcionaron en algún momento como comedores pero hace ya varios años que no más. Por su parte, el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales, con direcciones inexistentes o direcciones en las que no hay comedores/merenderos, y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero.

Por estas razones, la denuncia plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.