El gobernador creó más de 70.000 empleos públicos en su primera gestión, según la revisión de los presupuestos aprobados por la Legislatura bonaerense.

A contramano de la motosierra de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof aplicó en su primer mandato al frente de la Provincia de Buenos Aires un «inflador» de empleo público: en cuatro años solicitó a la Legislatura bonaerense la creación de 70.804 cargos para diferentes sectores de la administración del Estado provincial.

Estas contrataciones, se traducen en un promedio de 48.3 agentes designados por cada uno de los 1.460 días que ocupó la Gobernación. En otras palabras, contrató 50 personas nuevas por día en uno y cada uno de sus 4 años como gobernador.

Los datos están registrados en las tres leyes de presupuesto aprobadas por el Parlamento bonaerense para definir gastos y recursos en los períodos 2021, 2022 y 2023. En el primer año de gobierno, Kicillof tuvo que readecuar la ley de 2019 debido a la falta de acuerdo para un nuevo proyecto en medio de la transición con María Eugenia Vidal (2015-2019). En este 2024 ocurrirá lo mismo: sin acuerdos con la oposición, no hay ley de Presupuesto.

El cálculo sobre los pedidos para designar personal figura en un informe elaborado por asesores del senador provincial Marcelo Daletto (Cambio Federal-UCR), quien integra la comisión de Presupuesto y de Reforma Política. Este informe revela que, al final del primer mandato de Kicillof, se desempeñan en diferentes áreas de la administración 709.974 empleados estatales.

Según explicaron los técnicos que confeccionaron el trabajo, “cada uno de esos puestos está fijado en las leyes de Presupuesto. En cada confección de la ley, los ministros solicitan los cupos necesarios para cubrir las necesidades de sus áreas, que luego deben ser aprobadas por la Legislatura”.

Ese registro no incluye los denominados “cargos políticos”, que se formalizan en la administración mediante otras normas o decretos. En ese rubro, Kicillof también expandió significativamente la creación de cargos: hasta octubre de 2023, había autorizado la incorporación de 1.852 funcionarios (ministros, secretarios, subsecretarios y directores provinciales). Estos formaban parte del esquema que hacía funcionar a los 20 ministerios y secretarías diseñados para la estructura gubernamental.

Este número representaba más del doble de los 769 funcionarios que finalizaron su mandato en diciembre de 2019 con Vidal. Tras el escándalo del viaje a Marbella del entonces Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el gobernador decidió eliminar esa repartición. También redujo la Jefatura de Gabinete de Asesores, creada para ubicar a Carlos Bianco, quien fue reemplazado por el ex intendente de Lomas de Zamora en 2021 después de la derrota en las elecciones de medio término, y luego de una reunión en Calafate con Cristina Kirchner.

Actualmente, según un informe elaborado por el diputado provincial Claudio Frangul (UCR), siguen en funcionamiento poco más de 1.800 funcionarios en 19 reparticiones públicas. “Es que la jefatura de Asesores no se disolvió. Bianco abandonó el cargo y pasó al Ministerio de Gobierno, pero la estructura continúa tal como estaba”, explicó el diputado Frangul.

Es más, en ese espacio se crearon puestos para algunos ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Un caso específico es el de Marcela Cortiellas, quien era directora en el ex Ministerio de Mujeres de la Nación y ahora ocupa la dirección de Relaciones con las Empresas y las Organizaciones de los/las Trabajadores/as de la Jefatura de Asesores del Gobernador.

Tampoco se incluyen en el recuento de la ley de presupuesto los contratos, becas, locaciones de obra y otros formatos de empleo estatal que subsisten en las diferentes áreas. «Ese número es imposible de establecer porque las partidas salen de cada repartición y no hay control sobre eso«. Tampoco se contabilizan los asesores y colaboradores de la Legislatura, donde hay otro sector con áreas grises, que se evidenciaron con fuerza en el denominado escándalo de «Chocolate» Rigau.

El pago de los sueldos estatales representa el gasto más relevante del presupuesto bonaerense. Al cierre del ejercicio 2023, el compromiso con los más de 709.900 trabajadores representó un 42,36% del total del presupuesto.

El presupuesto de Axel Kicillof siempre recibió una ayuda significativa de partidas «discrecionales» enviadas por el Tesoro Nacional, las cuales llegaron a representar más del 10% del total de recursos previstos para los años 2022 y 2023.

Esa ayuda política y despilfarro de dinero se cortó con la llegada de Javier Milei. El Presidente suspendió el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Transporte y otros programas. En menos de un cuatrimestre, Kicillof dejó de recibir casi $800 mil millones.

Sin embargo, en línea con su posicionamiento como firme populista y ultra peronista, Kicillof no piensa en reducir empleos públicos ni tiene previsto retrasar el salario de los estatales. Nada que lo pueda asociar a la «motosierra» o a la «licuadora» de Milei.

De forma totalmente contraria al ajuste del gasto y eliminación del déficit fiscal por parte del Gobierno nacional, en diciembre el gobernador consiguió la aprobación de una ley fiscal que contempló aumentos de hasta el 200% en los impuestos patrimoniales, tanto inmobiliario como automotor. Con la eliminación de descuentos que operaban, el incremento llega hasta el 270%.