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La justicia trata de hacerle frente al aluvión de amparos por las subas de las prepagas.

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Mientras el gobierno promete medidas pero no las anuncia, un juzgado federal de San Martín avanza en un caso contra una empresa de medicina privada. Abogados protestan porque no hay una posición homogénea en las distintas jurisdicciones. Diferencias en Ciudad y el resto del país. La Corte sigue haciendo tiempismo con el megaDNU de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei acusa a las prepagas de haberle declarado la guerra a la clase media. Para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo no hay relación entre el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 –que desreguló toda la economía– y los aumentos que orillan el 150 por ciento en cuatro meses. Sin embargo, en los tribunales, se vive un escenario desconocido por el aluvión de amparos de quienes ya no pueden pagar por la salud privada. “Es una situación similar a la del corralito”, dice un magistrado que evoca uno de los peores momentos para el Poder Judicial. En San Martín, la jueza federal Martina Forns recibió más de 700 adherentes a un proceso colectivo contra el Hospital Italiano y tiene aún más de 400 pedidos por examinar. Para evitar demoras, la magistrada cerró el registro y le corrió traslado a la empresa de medicina privada para que responda a la demanda en un proceso que podría impactar sobre todos los asociados.

En los últimos cinco días, la administración de La Libertad Avanza (LLA) parece haber caído en la cuenta de que las subas en las prepagas son insostenibles. Caputo –el “Messi” de las finanzas de Mauricio Macri que se convirtió en un entusiasta de la motosierra de Milei– dijo que se les había ido la mano. Por si no había quedado claro, el ministro escribió en su cuenta de Twitter: “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”.

Pasaron las horas, pero las medidas no aparecieron. Las cámaras que nuclean a las empresas de salud privada le pidieron una reunión a Caputo y dijeron en un comunicado que “no son formadoras de precios. En todo caso, el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos”. En la conferencia diaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni se quejó: “Nosotros desregulamos, damos libertades. Lo que no permitimos que exista es un grado de cartelización que afecte a los argentinos”.

En simultáneo, desde el gobierno dejaron trascender que la Comisión Nacional de la Competencia está estudiando si hubo una maniobra concertada por parte de las empresas de salud a partir de una denuncia que hicieron diputados de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió.

En todos las jurisdicciones, hay amparos contra los aumentos de las prepagas. Lo que invocan los amparistas son los artículos 267, 268 y 269 del DNU que Milei anunció con bombos y platillos el 20 de diciembre pasado. Las tres disposiciones conforman el capítulo a través del cual se reguló a favor de la medicina privada, permitiendo no solo aumentos generales sino que las compañías suban el valor de las prestaciones según las franjas etarias.

Frente a los planteos, hubo distintas respuestas de los tribunales. En enero, la jueza Forns aceptó una presentación de Marta Cristina Brauchli, una jubilada de 78 años que dijo que no podía pagar la cuota del Hospital Italiano. La magistrada le concedió una cautelar que frenó el aumento y anotó el litigio dentro del registro de procesos colectivos de la Corte Suprema.

Esto implica que lo que decida Forns no solo repercutirá en el caso de Brauchli sino en todo el colectivo afectado por ese aumento. La jueza tomó a Brauchli como representante del colectivo al igual que a la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC). El miércoles 3 de abril, la magistrada decidió cerrar el registro y correrle traslado de la demanda al Hospital Italiano para que responda y ofrezca prueba. No implica esta decisión que le cierre la puerta a otros afectados sino que tiene que permitirle a la empresa de medicina privada saber a cuántos planteos debe responder.

“El juzgado sigue actuando con la misma conducta que desde el primer día”, le contestó Forns a Página/12. “La conducta implica proteger a la gente vulnerable porque lo que está en juego es el sistema de salud y el derecho a la salud –que es un derecho primordial. El servicio de justicia está asegurado. Estamos trabajando para llegar a una sentencia”, recalcó la jueza.

Cuando la demandada ofrezca la prueba, Forns deberá decidir si es conducente. Los tiempos en un amparo son siempre más rápidos que en otro tipo de litigio. La jueza podría convocar a una audiencia pública en la que se vean las caras los representantes del colectivo y los de la empresa de medicina privada. Después de eso, podría llegarse a un acuerdo o que la jueza directamente dicte una sentencia.

Todo ese proceso hace al “fondo” de la cuestión, mientras tanto la jueza fue dictando cautelares contra los aumentos. Según estimaciones del juzgado, firmó unos 30 fallos en ese sentido por día. También aplicó sanciones compensatorias contra la prepaga porque continuó con los aumentos o privó de atención a quienes habían sido alcanzados por una cautelar.

Sin embargo, la postura no es homogénea en todo el país. En Concepción del Uruguay, otra jueza, María Isabel Caccioppoli, inscribió otro proceso colectivo contra OSDE. Pero está lejos de ser la regla.

“Como profesional puedo decir que es alarmante la disparidad de fallos judiciales ante un mismo reclamo”, dice la abogada Valeria Carreras –que presentó varios amparos. “Mientras en el fuero civil y comercial de la Ciudad de Buenos Aires las cautelares son rechazadas; en el fuero federal del interior del país, los jueces están concediéndolas. Esto implica un trato desigual que sigue perjudicando a los ciudadanos. Argentina está involucionando en cuestiones de derechos, da por tierra no solo con la Constitución Nacional sino también con convenios internacionales y avances como la Ley del Consumidor. El deterioro del contrato social es alarmante, por eso el reclamo judicial es una alternativa válida”, añadió.

En los distintos expedientes en los que interviene, Carreras presentó como un hecho nuevo la concesión de Caputo de que a las prepagas se le fue la mano en una entrevista en TN. “Advierto que el gobierno está preso de sus propios actos. Primero quitó los controles a través del DNU 70/2023 y luego admite que a las prepagas se les ‘recontra fue la mano’ con los precios. Incluso cuando el ministro Caputo promete desde redes sociales defender a la clase media en la ‘guerra’ de las prepagas está confirmando que es necesario tener un Estado presente en temas esenciales”, agrega Carreras.

El mes pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que lleva los casos de 26 personas afectadas por los aumentos de diez empresas de medicina privada y una obra social– advirtió que al momento de dictar el DNU “no hubo ninguna valoración por parte del Poder Ejecutivo nacional sobre cómo iban a afectar estas medidas a los sectores con los ingresos más bajos. Las empresas de medicina tampoco tuvieron consideración por las personas que atraviesan situaciones críticas de salud, en un claro abuso de su posición dominante”.

Pese a que fue rechazado por el Senado, el DNU sigue vigente. La ley que regula los decretos establece que ambas cámaras deben expresarse por el rechazo para que pierda vigencia. En la Cámara de Diputados, este martes empezaron a escuchar las opiniones de constitucionalistas contra el megadecreto de Milei. La Corte Suprema sigue, por el momento, aplicándole cronoterapia al tema.

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