La Ley Bases de Javier Milei impulsa la mayor reforma del Estado de la historia desde Carlos Menem con privatizaciones, cierre de organismos y modifica el estatus del empleo permanente.

Argentina atravesó varias olas de reforma del Estado a lo largo de la historia que redujeron el tamaño de la administración pública nacional, sin embargo ninguna fue tan ambiciosa y tan profunda como la que propuso el presidente Javier Milei en su Ley Bases.

Este proyecto, que cuenta con media sanción y le falta la aprobación en el Senado, habilita al presidente a privatizar empresas del Estadocerrar organismos estatales con una simple firma y elimina el concepto del empleo de planta permanente.

Las transformaciones más profundas están en el artículo 3 de la Ley Bases, ya que establecen atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir, dividir, subdividir, fusionar, concesionar o pasar a las provincias a los organismos públicos, algo que hasta ahora solo podía hacer el Congreso.

El otro gran cambio viene en las modificaciones de la Ley Marco vigente, que tuvo su última reforma en 1999. Según la legislación actual, existe el concepto de empleo de planta permanente. Estas personas no pueden ser despedidas sin causa, y si se cierra el organismo donde trabaja la persona o desaparece la estructura, hay que encontrarle otro lugar con hasta tres ofertas posibles para conservar

Aproximadamente, la mitad de la dotación del Sector Público Nacional está integrada por la planta permanente y la otra se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que aplica en el mercado del sector privado, donde las personas pueden ser echadas con una indemnización.

En la Ley Bases, en su artículo 52, se modifica la Ley 25.164 para que el Gobierno pueda desvincular empleados simplemente con la realización de un informe de «dotación excedida», incluso sin el desarme del organismo superior.

Por ejemplo, de aprobarse, se podrá elaborar un informe que diga que una cierta cantidad de empleados del CONICET tiene una dotación excedida para desvincular a cualquiera de los 12.000 empleados actuales, desde ya pagando las indemnizaciones correspondiente, como ocurre en el sector privado.

La ley que permitió la planta permanente fue pensada para profesionalizar el empleo público, pero los gobiernos kirchneristas utilizaron este tipo de designaciones para crear un aguantadero de su militancia, que sea inmune a los cambios de gestiones.

El gobierno de Mauricio Macri padeció esto en carne propia, ya que prácticamente no pudo despedir efectivamente a ningún militante kirchnerista contratado bajo Ley Marco. Con esta experiencia bajo el brazo, el gobierno de Milei tomó medidas rápidas: por un lado, puso en revisión de 90 días a todos los contratados en planta transitoria, que están en proceso de ser permanentes. Por otro, incluyo estas modificaciones en la Ley Bases.