Además, se eliminará la cédula azul, la CETA, las cédulas verdes no tendrán fecha de vencimiento, se digitalizarán todos los trámites, y se fiscalizarán los registros que quedan abiertos.

El gobierno de Javier Milei había prometido la eliminación de los registros automotores, y tras cumplirse el plazo establecido para avanzar con esta medida, se emitió un comunicado anunciando el cumplimiento de esa promesa.

El comunicado, basado en los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS (DNRPA), y con el propósito de reducir costos y simplificar trámites burocráticos, detalla las siguientes medidas a ejecutar:

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

• Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

• Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

• Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

El 21 de diciembre del año pasado, apenas 11 días después de que el gobierno de Milei asumiera el cargo, se firmó un decreto que proponía la transformación del sistema registral de automotores en Argentina.

En su artículo 364, este decreto instaba a que los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en un Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación hasta el 2 de mayo de 2024. Se destacaba que el servicio de inscripción sería remoto, abierto, accesible y estandarizado.

Con el objetivo de simplificar los trámites registrales, el pasado 25 de abril se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5505/2024, mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite necesario para obtener el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Este certificado era requerido al momento de realizar la transferencia de titularidad de automotores y motovehículos usados radicados en el país, para aquellos vehículos que superaran los $4.500.000.

En Argentina, existen 1.554 registros del automotor, con aproximadamente 180.000 transferencias o inscripciones mensuales. Además, alrededor del 40% de estos registros están manejados por interventores. Una de las incógnitas que surgen en el sector es cómo afectará el cierre de los organismos intervenidos.

Según el comunicado del Ministerio de Justicia dirigido por Mariano Cúneo Libarona, «a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y reducir significativamente los costos de transferencias y/o patentamientos«.

La auditoría se llevó a cabo en 41 registros que ya estaban intervenidos. Esta lista incluye 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

Desde el Gobierno, se señaló que este control tenía como propósito descubrir gastos con sobreprecios, revisar las adjudicaciones sin concurso y examinar la escasa rendición de cuentas de los fondos que se recaudan, ya que muchas designaciones como titulares de los Registros se realizaron por favores políticos, especialmente en las últimas décadas, y por ello se busca transparentar los procesos.