El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que piensa declarar ante las Naciones Unidas la falta de intención del Estado Colombiano para cumplir con el Acuerdo de Paz, firmado en 2016. «Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas cada tres meses, esto no es un juego, esta vez va a ir el presidente a decir, Colombia no quiere cumplir con el Acuerdo de Paz que firmó, no puedo decir mentiras». Comento durante la toma de posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa.

Mediante estas declaraciones, el presidente argumentó, no se puede dar cumplimiento al Acuerdo de Paz sin la aprobación de la jurisdicción agraria para la compra expedita de tierras. «En la transformación del territorio hay que cambiar las vigencias futuras que aprobaron los gobierno anteriores y priorizar las regiones excluidas». Con ello, sostuvo, la declaración Unilateral del Estado es un compromiso superior a cambios de Gobierno y constitución. Bajo este argumento, señaló, el incumplimiento tendrá como consecuencia derramamiento de sangre y violencia en otras escalas. De esta forma, el mandatario afirmó que la falta de aplicación de justicia y fragmentación de la verdad ha derivado en que no pueda cumplirse a cabalidad con el acuerdo.

Ante ello, diversas figuras políticas rechazaron el incumplimiento del Acuerdo de Paz, se deba a las causas señaladas por Petro y responsabilizaron al Gobierno del mismo de truncar la ejecución del acuerdo. El exconsejero presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio José Archila, explicó que durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se consiguió incorporar los Acuerdo de Paz a la Constitución sin cambiar ningún artículo. De esta manera, aseveró, la falta de financiamiento para implementar los acuerdos no requiere de aprobar reformas constitucionales. Pues describió, en administraciones anteriores se establecieron acuerdos para conseguir recursos a través de la cooperación intencional, la creación de un marcador presupuestal y el aumento de presupuesto para apoyo a víctimas.

Reacciones políticas

Por su parte, el congresista, Humberto De la Calle, exjefe negociador del Gobierno de Colombia con las FARC, índico que la responsabilidad del cumplimiento de varios puntos del acuerdo recae exclusivamente en el Ejecutivo. A juicio de De la Calle, el Congreso «ha convertido en norma lo pactado» pero falta ejecución. De esta manera plantea, «En la compra de tierras a Fedegán qué tiene que ver el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo mismo con el catastro multipropósito». Con ello, alegó, existen las herramientas para intervenir en los territorios, pero falta voluntad política al implementar los planes de desarrollo territorial.

En vista de reforzar su argumento, el congresista declaró en su comunicado «La obligatoriedad de las declaraciones unilaterales no está en juego, no se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas«. Como ejemplo de la falta de ejecución, destacó que pese al compromiso de restablecer la alta consejería, esto no se ha llevado a cabo. A su vez, De la Calle, acusó a Gustavo Petro de tener la intención de crear un superorganismo mediante el cual el ejecutivo termine generando una serie de normas de juzgamiento que deje fuera a otros órganos del Estado. Dicha acusación se basa en las declaraciones de Petro en torno a hacer de la JEP el tribunal de cierre en los conflictos fuera del acuerdo con las FARC. De esta forma, tanto De la Calle como Archila, responsabilizaron al Presidente del incumplimiento de los Acuerdos de Paz.