Tras 14 días de haber iniciado el proceso de investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía General de la Nación, radicó el escrito de acusación en su contra. Por lo cual, una vez que el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca al juzgado penal que corresponde al juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, como lo determina la judicatura. Con esto, la Fiscalía buscará acusar formalmente a Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

Cabe mencionar, en 2012 el senador Iván Cepeda realizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, en el cual señaló a Uribe y su hermano como fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización paramilitar. Para justificar esta acusación, Cepeda presentó dos testimonios de exparamilitares, entre ellos, el de Juan Guillermo Monsalve. Ante esto, Uribe denunció al senador Cepeda por manipulación de testigos ante la Corte Suprema.

Posterior a ello, en 2018, la Corte Suprema de Justicia abrió la investigación en contra de Álvaro Uribe, por presuntamente tratar de sobornar a quien hoy es el testigo principal en su caso, Juan Guillermo Monsalve. Junto con lo cual, se hizo público un auto en el cual se cerró la investigación en contra de Cepeda. Las investigaciones de la Corte apuntaban a que el abogado de Uribe, Diego Cadena, ante una posible apertura del caso, programó una visita para reunirse con Monsalve. A quien supuestamente le solicitaron cambiara su versión y argumentara que el senador Cepeda lo había manipulado para declarar en contra de Uribe.

Ante estos supuestos hechos, la Corte abrió una investigación formal contra Uribe y lo llamó a indagatoria. El caso acusaba a Uribe de intentar influir y presionar a Guillermo Monsalve de testificar contra Cepeda. En septiembre de 2018, la Corte interceptó por error el teléfono de Uribe. Aparentemente, el dispositivo fue interceptado en el expediente del congresista Nilton Córdoba Manyoma.

Lo anterior llevó a la Comisión de Acusaciones a iniciar una investigación contra el magistrado a cargo del caso Uribe, José Luis Barceló. En las llamadas analizadas por la Comisión, supuestamente, Uribe tenía conocimiento del plan de montaje que sus allegados preparaban contra el senador Cepeda.

Paralelamente a un llamado de indagatoria a Uribe, el 8 de octubre de 2019, este fue vinculado formalmente por delitos de soborno y fraude procesal. Desde entonces, la sala de la Corte Suprema solicitó dos procesos de preclusión que fueron rechazados, hasta que en enero de 2024 el caso se asignó al fiscal primero delegado ante la Corte por proceso de reparto. Con lo cual se incluyeron nuevas pruebas, no incluidas en las peticiones de preclusión, bajo las cuales se radicó el escrito de acusación contra Uribe.

De esta manera, la rama judicial determinará cuál despacho asumirá el juicio para la formalización de la audiencia de acusación. El cual tendrá hasta 2026 para determinar un fallo, pues en ese año vencen los delitos por los cuales es acusado Uribe. Quien, a través de su representación, podrá solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios aprobatorios y alegaciones.

Ante la determinación de la Fiscalía, Álvaro Uribe se pronunció a través de un video en X junto con lo cual emitió una declaración titulada «Llamamiento a juicio». En esta el expresidente argumenta no haber tenido relación con los procuradores que apoyaron la solicitud de preclusión. Además, acusa a la Corte Constitucional de filtrar la ponencia de imputación en su contra, lo cual, argumenta, debió anular la validez moral del fallo de tutela.

Por otra parte, a juicio de Uribe, no se siguieron los procesos correspondientes de indagatoria e imputación del caso en su contra. En más de 8 páginas y a lo largo de 30 minutos, Uribe expone los argumentos por los cuales considera el caso no tiene validez, incluso declarándose inocente de los delitos por los cuales es investigado.