Las medidas implementadas por las ministras Pettovello y Bullrich lograron desactivar los piquetes en el centro de la ciudad. El último gran corte en el centro de Buenos Aires ocurrió en abril y, aunque las manifestaciones siguen, son cada vez más reducidas.
Hasta ahora, la administración de Javier Milei logró algo que ningún otro gobierno había conseguido: retirar de las calles a las masivas marchas piqueteras que causaban caos, destrucción y violencia en la Ciudad de Buenos Aires.
En los últimos meses, los piqueteros han reducido sus marchas y han convocado a menos personas, en medio de una ofensiva del Gobierno contra los líderes de estas organizaciones. Las concentraciones actuales son menos multitudinarias y las convocatorias han disminuido.
La última marcha importante sobre la Avenida 9 de Julio ocurrió el 10 de abril. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las organizaciones piqueteras comenzaron una “jornada nacional de lucha” contra la gestión de Javier Milei a las 11 de la mañana, cuando se produjeron incidentes después de que la Policía de la Ciudad decidiera desalojar un corte total de los manifestantes, siguiendo el protocolo antipiquetes.
Como en tantas ocasiones anteriores, cortaron el tráfico a la altura de la Avenida 9 de Julio y Moreno. Además, una columna intentaba llegar hasta el Ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini 1285, en el extremo opuesto de esa arteria que cruza de norte a sur el microcentro. Alrededor de las 12:30, el paso estaba despejado. Los enfrentamientos resultaron en más de 10 detenidos.
Las dos últimas marchas de protesta contra las políticas sociales y económicas implementadas por La Libertad Avanza se llevaron a cabo el 7 de mayo y el 9 de junio. En esas ocasiones, no se interrumpió el tránsito en la Avenida 9 de Julio.
Se intentó hacerlo en el Puente Pueyrredón y el Puente Saavedra, pero los manifestantes fueron desalojados después de breves incidentes, ya que la Policía los superó en número. También intentaron llegar a la Quinta de Olivos, pero la Policía Federal lo impidió, y debieron retirarse. Además, las columnas de piqueteros no fueron numerosas.
La última concentración frente al Congreso de la Nación, el 27 de junio, contra el proyecto de Ley de Bases y el Paquete Fiscal, fue inusual: se reunieron menos de 500 personas. Ese día, además de la izquierda, convocaron los movimientos sociales peronistas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, como el Evita, el MTE y Barrios de Pie. Una pequeña representación de la UTEP permaneció menos de una hora y se retiró. La Plaza Congreso mostraba más policías y banderas que manifestantes.
La fórmula para desactivar los acampes y movilizaciones lideradas, entre otros, por Eduardo Belliboni del Polo Obrero, fue quitarles el poder de intermediación que tenían sobre los beneficiarios de programas clave como el Potenciar Trabajo.
Con esta acción, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, les sacó la principal herramienta que tenían sobre miles de personas humildes para obligarlos a participar en marchas y protestas bajo la amenaza de darles de baja el plan. Así lo describen cientos de víctimas en las causas judiciales derivadas de las denuncias realizadas a la línea 134, el número habilitado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Las políticas implementadas desde el Ministerio de Capital Humano se sumaron a las iniciativas previamente elaboradas por Bullrich. Entre ellas se encuentra el protocolo de actuación antipiquetes, que coordina la acción de la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Federales ante cortes totales o parciales en rutas nacionales y otras vías bajo jurisdicción federal, incluyendo la interrupción del tráfico privado.
El “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público” establece que las columnas deben marchar por las veredas y las concentraciones deben realizarse en plazas, y ya ha sido aplicado en varias ocasiones, algunas de las cuales resultaron en enfrentamientos entre delincuentes piqueteros y fuerzas de seguridad.
Los últimos cortes y manifestaciones aisladas en las semanas recientes no fueron protagonizados por grupos piqueteros u organizaciones sociales, sino por gremios como ATE, que protestan por la expulsión de ñoquis y empleados militantes en lugares clave como el Hospital Posadas, el INTI o el CONICET, entre otros organismos estatales.
